La indignación se asoma en las esquinas de la estrecha vía a la que fue reducida una calle. Los pedazos de tierra miran pasivamente el espectáculo cruel al que son sometidos por la depredación, como si la justicia lanzara enojada gritos que ninguna autoridad se atreve a escuchar.

Desde que las ladrilleras Nacional y Fortaleza se instalaron a ambos lados de la calle Javier Prado, en las inmediaciones de la Asociación El Paraíso-Huachipa, sus pobladores viven un calvario permanente, donde la ambición desmedida de unos empresarios carcome sin permiso su libertad, la que se desmorona poco a poco como los pedazos de arcilla.

La impotencia fluye agitada entre las venas de los pobladores, quienes a diario exponen su vida al peligro cuando intentan salir desde su asociación por la calle Javier Prado hacia la avenida Las Torres. Ese camino es una metáfora del abuso en su máxima expresión, la peor cara del olvido.

Acceso principal de la calle Javier Prado a la Av. Las Torres en Huachipa

Félix Buendía Escate, coordinador de la Asociación El Paraíso-Huachipa, libra desde hace años una dura batalla contra estas ladrilleras, las que no solo depredaron de forma arbitraria la tierra, también se adueñaron irresponsablemente de la vía pública, reduciendo los 42 metros de ancho que le corresponden a la calle Javier Prado a tan solo 6 metros, en el tramo comprendido entre la avenida Las Torres y la calle California.

Actualmente, la calle Javier Prado está delimitada por muros de ladrillo a ambos lados, detrás de los cuales hay un profundo desnivel, lo que aumenta exponencialmente el peligro, pues el terreno puede ceder o los muros colapsarían en caso de un sismo. De hecho ya se advierten algunas grietas en el terreno colindante a uno de los muros.

Como si ese inmenso abismo que separa al abuso y la indignación no bastara, las ladrilleras construyeron informalmente hace años un túnel por debajo de la calle Javier Prado, que fue tapado de forma improvisada, dejando un enorme forado en su interior, una curiosa paradoja de los vacíos legales que llenan nuestras contradicciones sociales.

El eco de un reclamo postergado

Detrás de los muros de esas ladrilleras también se escuchan gritos desesperados de decenas de trabajadores cuyos derechos laborales son violentados a diario, perdidos entre la explotación y el silencio. El eco de sus reclamos postergados se difumina en el aire y el temor a recibir represalias es tan grande, que prefieren esconderse en el anonimato. La voz de uno de ellos se filtra por las grietas de la indignación y se anima a declarar: “En ladrillera Nacional no estamos en planilla, no tenemos gratificación, vacaciones, salarios justos, ni implementos de seguridad. Trabajamos doce horas diarias. Los pobladores sufrimos permanentemente la contaminación. Se presentan problemas de salud en nuestros niños, sufren problemas estomacales, dermatológicos y respiratorios. Estos señores de noche sueltan el humo para que no se note la contaminación. Muchos de los vecinos no se unen a esta protesta por temor a perder el trabajo y recibir represalias de los dueños de la empresa”.

Interior de ladrillera Nacional. Al otro lado, la calle California de la Asociación El Paraíso-Huachipa.

Escolares en peligro

A menos de un mes de iniciarse las clases, decenas de escolares volverán a transitar por la calle Javier Prado, vía de acceso hacia la I.E. 1224, un camino desolado con sabor a injusticia, donde sus zapatos lucharán para no quedar poseídos por la tierra. Luis Aliaga, director de I.E. 1224 afirma que alrededor del 20% de los 760 alumnos realiza labores de labranza, no en las fábricas pero sí en las pampas con sus padres. “Hay niños que trabajan desde los 8 hasta los 16 años, esto les afecta en su desarrollo académico, afectivo y emocional. Los días lunes por ejemplo faltan porque es cotidiano que los que trabajan en la labranza les dan ese día libre. Nosotros tenemos un programa de erradicación del trabajo infantil, el que hemos reducido del 60% a 20%”, afirma.

Entre la espada y la pared

El arquitecto Hugo Herrera Navarro, asesor de la Municipalidad de Lurigancho – Chosica en el área de rehabilitaciones urbanas y licencias de construcción, precisó que las ladrilleras no cumplen con ciertos requisitos legales. Según él, la calle Javier Prado debe ajustarse al Reglamento Nacional de Edificaciones, que exige a los habilitadores en las zonas industriales un mínimo de 24 metros de ancho de vía. “Hicimos una propuesta inicial al Instituto Metropolitano de Planificación, pero nos desaprobó porque falta un estudio de prevención contra riesgos. Si no hemos controlado este territorio es por culpa del Ministerio de Energía y Minas, entidad que autorizó a estas ladrilleras a extraer el material, las que en parte de pago han dado terrenos a los trabajadores, quienes han transformado en vivienda el propio lugar donde ellos han trabajado. Hay una contradicción social, económica y técnica. Es tan grave que la ley vaya en contra de la ley, la del trabajo contra la vivienda y la vivienda contra el urbanismo y la depredación contra el urbanismo. La fiscalía de Santa Anita nos pidió que no intervengamos, el argumento es que no es un territorio urbano. Estamos en esa lucha, entre la espada y la pared. Pero tengo algo que criticar a la asociación, ¿cuántos lotes de la asociación se han depredado por sus mismos asociados? De los 77 lotes que tiene esa asociación, por lo menos 60 lotes han sido excavados por sus propios propietarios para vender la tierra a estos ladrilleros. Encuentro bastante contradicción. Peleamos por una calle pero hacemos más hueco en nuestro propio lote”, acotó Herrera Navarro.

Desnivel entre la Av. Las Torres y la calle Javier Prado.

Medidas correctivas

Hugo Herrera precisó que en febrero “se iniciarán las primeras respuestas contra la observación negativa del plan y se publicará la programación de actividades a fin de abrir vías y trochas. No albergamos mucha esperanza hacia un plan vial hasta que no se resuelva el tema de la depredación. Vamos a seguir con nuestro control sobre el territorio urbano. Si a pesar de eso no encontramos respuesta, presentaremos la demanda ante la Defensoría del Pueblo, que es independiente. No hay estructuras que soporten esos muretes, por peso propio se van a caer, nadie sabe. Vamos a pasar el informe a obras públicas y notificar a las ladrilleras”, concluyó.

Mientras tanto, varios elementos quedan pendientes por resolver, la ladrillera Nacional invadió la vía pública, causa contaminación ambiental, explota a sus trabajadores y la depredación pone en riesgo la vida de los escolares que transitan por la calle Javier Prado. La Municipalidad de Lurigancho-Chosica debe ejercer el principio de autoridad, hacer respetar la ley y poner orden en un asunto donde hasta ahora el más profundo caos se ha mezclado con la desidia y el atropello.