La resaca de un Estado ‘indiferente’

El pasivo de la deuda histórica que el Estado peruano adquirió con los pueblos indígenas cobró en el último quinquenio su más alto costo, personas a quienes se les arrebató la vida por causa de conflictos sociales que pudieron evitarse.

Para el Estado esas personas solo eran un número más en esas estadísticas que forzosamente quiso corregir, pero cuya realidad no pudo enfrentar ni mucho menos asumir.

Las expectativas de labrar un futuro mejor en medio de una sociedad en la que se sientan integrados tuvieron que postergarse, entrando en un círculo vicioso sin salida, cuya única escapatoria fue el deleznable derramamiento de sangre inocente en Bagua.

Tuvimos hasta hace poco la versión de un Estado cuyo pensamiento era dar a la población las migajas de la riqueza que las empresas generaban en sus propios territorios.

Un Estado que se hacía de la ‘vista gorda’ y no tuvo la valentía de sentarse en la mesa del diálogo para escuchar el eco impotente de millones de personas cuya indignación superó límites insospechados al ver la forma injusta en que se explotaba sus tierras sin obtener ningún beneficio.

Seamos claros. Estábamos huérfanos de políticas preventivas de conflictos sociales. El Estado solo actuaba cuando el fuego enardecido filtrado en el descontento social hacía pedazos la debilidad de los pilares institucionales.

Una democracia que se precie de serla, debe dar señales de participación ciudadana. Con más razón si está en juego el futuro de una población entera.

No se podía seguir tratando a los indígenas como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Mucho menos ser vistos como esa piedra incómoda en el ‘zapato estatal’, cuyos pasos hacía tambalear y muchas veces caer estrepitosamente al valle de la falta de liderazgo y gobernabilidad.

No pues, no es justo que un reducido porcentaje se beneficie de los frutos de la inversión privada y la población indígena mire con indignación la forma en que sus derechos eran vilipendiados.

Porque lo que existió fue un diálogo soberbio y vertical del Estado hacia esos pueblos, quienes tenían que mirar hacia arriba para pedir respeto.

Lo más vergonzoso es que muchos hijos perdieron a sus padres, mujeres viudas que no volvieron a ver al esposo, madres desconsoladas cuyos hijos partieron para siempre. Familias a las que se les obligó vestirse de luto por causa de un Estado incapaz de resolver problemas, ese gran reto al que está enfrentado todo político. Descubrimos así que el mismo Estado se convirtió en el gran problema.

Un Estado cuya desidia llegó a niveles insoportables porque la complacencia no solo es atrevida, sino también inmoral.

¿Aprenderemos la cruda lección de no tener que esperar que muera gente inocente para que los pueblos indígenas sean escuchados y respetados como tales?

Cambio necesario

Ese escenario lúgubre era a todas luces insostenible. Algo tenía que cambiar. La promulgación de la Ley de Consulta Previa ofrece una luz en medio de ese túnel donde se libraron luchas innecesarias. A partir de ahora, los pueblos tendrán mayor capacidad para defender sus derechos y propiedades.

La justicia tardó. Es lamentable que después de tanto tiempo los derechos de los pueblos indígenas, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, recién sean puestos en vigencia y reconocidos como merecen. Pero como reza la frase: ‘más vale tarde que nunca’.

Una reivindicación trascendente

Para que esta ley sea un paso firme en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, debe propiciar en su reglamento, la integración, la inclusión, el diálogo, el encuentro de ideas que propicien el bien común, donde se escuche y compartan propuestas que formen parte de un futuro compartido.

Para que esta inclusión social sea sincera no solo debe estar apoyada jurídicamente por el Estado, también debe partir desde la médula de la sociedad peruana.

Es alentador que el acuerdo al que lleguen los pueblos indígenas y el Estado, como fruto del proceso de consulta, debe ser de carácter obligatorio. Pero falta esclarecer la vinculancia de la opinión de los pueblos indígenas respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos individuales y colectivos.

¿Hasta qué punto es conveniente que el Estado siga teniendo la última palabra en caso no cuente con la aprobación de la parte afectada? Por eso, el reglamento de esta ley debe reflejar una vocación del Estado por respetar los acuerdos y sobretodo considerar la voluntad colectiva de los pueblos indígenas.

Ahora, esta ley no es la solución del problema. Los problemas que atraviesan los pueblos indígenas y originarios superan el contenido pergeñado en esta ley. No debe usarse este mecanismo legal como una válvula de fácil acceso por donde se fugan las demandas sociales.

Cultura del diálogo

La Ley de Consulta Previa no es un amortiguador que impida asestar los golpes que recibe el gobierno por causa de esos conflictos. No debe ser entonces un paliativo, sino el inicio de una verdadera cultura, donde el diálogo reemplace a la indiferencia.

Para que exista desarrollo sustentable es necesario que se incluyan a todos los sectores sociales y no se le quite voz a nadie.

El primer ingrediente en este diálogo es la interculturalidad. No se puede dialogar ignorando la cosmovisión del interlocutor, como se hizo en los últimos años.

Se debe dialogar poniéndose en el lugar del ‘otro’. Pero ese es el gran problema, tratar a los demás como si fueran los ‘otros’ y no como parte de los “nuestros”. El diálogo debe estar basado en un respeto irrestricto a la cultura originaria de los pueblos indígenas.

Eso implica escuchar, entender y comprender que son pobladores cuya relación con la naturaleza determina su forma de ser, su contacto con la tierra que los vio nacer, ese subsuelo donde se enraízan sus orígenes, su modo de sentir el presente, de captar el futuro inmediato, de enfrentar el desafío de ser mejores, de preñar su porvenir de optimismo y de fe. Esa fe tan negada por un Estado que en el último quinquenio solo atisbó a hablar de espaldas.

Lo que está en juego es el reconocimiento genuino de la forma de ser y de vivir de pueblos que durante muchas décadas han sido excluidos de la sociedad y tratados como si no existieran.

Evitar el manoseo

Debemos vigilar que esta ley no se use con fines económicos o políticos. De ningún modo se pueden permitir condicionamientos o coacciones.

Hay quienes se aprovechan de los conflictos sociales para exaltar la violencia en todas sus formas, para agitar las masas hasta el punto de volverlas incontrolables. El reglamento de esta ley debe impedir esos escollos.

Punto democrático

Desde el punto de vista democrático hay un claro beneficio a favor de la población porque después de mucho tiempo se le toma en cuenta, se le oye, se le da el micrófono para hacer sentir su voz sobre inversiones que le afecten de forma directa.

Tal como lo indica el proyecto de ley, el Estado está obligado a brindar a la población toda la información necesaria para que esta pueda emitir su opinión sobre aquellas actividades que la afecten.

Esperamos que el experimento político que realiza el Congreso de la República en Ica tenga buenos resultados para que más adelante también se desarrolle una sesión parlamentaria descentralizada en Bagua. Pero eso solo tendrá sentido, si se escucha de forma abierta a las autoridades, instituciones y personas representativas de la población indígena. Porque no se trata de debatir y aprobar leyes. Importa el peso específico que esa ley tenga en mejorar la calidad de vida de los pueblos afectados, fruto de un esfuerzo intersectorial. Sin duda, esta ley es un punto a favor de la democracia.

Trinomio compartido

La inversión privada, si bien es cierto genera crecimiento económico y mayor empleo, debe darse bajo ciertas condiciones que no pongan en riesgo el desarrollo legítimo de los pueblos, cuyo territorio muchas veces ha sido explotado y sus derechos atropellados, sin percibir un mínimo de ganancia para ellos. Esta ley devuelve la posibilidad de que los pueblos puedan beneficiarse de esas ganancias.

El trinomio empresa-población-Estado vuelve a cobrar vigencia con esta ley, pero solo funcionará si el reglamento determina procedimientos favorables que permitan una relación consensuada que respete los acuerdos y beneficie a una población indígena que no puede seguir esperando pasivamente que sus derechos sigan postergados.